20 PROPUESTAS DE CAUSA EN COMÚN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

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I. Reconstrucción institucional:

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1. Articular un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia, con la participación de los tres ámbitos de gobierno, instituciones educativas y todo tipo de organizaciones sociales, para la definición de una política de seguridad y justicia con perspectiva de Estado, mecanismos de rendición de cuentas, e indicadores de evaluación y seguimiento.

2. Definir programas de desarrollo para todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los ámbitos de seguridad, procuración e impartición de justicia.

3. Aumentar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado a las entidades federativas, y recuperar los fondos del desaparecido Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a municipios.

4. Crear un Servicio Nacional de Policía, responsable de la formación inicial y profesionalización del personal policial en los tres ámbitos de gobierno, e impulsar programas nacionales para la aplicación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y para la homologación y mejora de las condiciones de trabajo de todos los policías del país.

5. Desarrollar fiscalías autónomas, impulsar planes de persecución penal y programas de capacitación continua dirigidos a agentes del ministerio público, fortalecer las unidades de atención a víctimas y promover mecanismos alternativos de solución de controversias.

6. Recuperar el control de todos los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación, mejorar las condiciones de vida de los presos y fortalecer los programas de reinserción social.

7. Promover la reconstrucción del Poder Judicial, hoy subordinado a un proyecto partidista y autoritario, sobre principios de meritocracia, profesionalismo e independencia, y dotarlo de recursos suficientes para fortalecer la carrera judicial y aumentar el número de juzgados y defensorías públicas en el país.

8. Recuperar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y facultarla para emitir resoluciones vinculantes y sanciones contra instituciones y particulares responsables de violar derechos humanos.

9. Edificar un Sistema Nacional de Atención a Víctimas como lo marca la ley, recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y aumentar el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones estatales 

10. Incrementar los recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, y de las comisiones estatales y fiscalías especializadas en delitos de desaparición; resguardar y fortalecer los diferentes registros de personas desaparecidas, no identificadas y localizadas en fosas; y poner en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

 

II. Políticas Públicas:

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1. Diseñar y construir una corporación policial federal de carácter plenamente civil y diseñar con las Fuerzas Armadas un plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada en democracia, y reorientar sus recursos a sus tareas primordiales de defensa nacional y auxilio en casos de desastres naturales.

2. Reglamentar el artículo 29 constitucional para que la declaración de estados de excepción sea una opción legal y políticamente viable, garantizando que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea, en todo momento, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

3. Emprender la desarticulación de las organizaciones criminales mediante acciones directas sustentadas en labores de inteligencia, y fortalecer la coordinación con el gobierno de Estados Unidos con el mismo propósito.

4. Reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

5. Despenalizar las drogas, comenzando por la marihuana, regulando su producción, distribución y comercialización, e invertir en programas de rehabilitación y consumo responsable.

6. Establecer una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, en los principios de asilo y en repatriaciones ordenadas. Establecer mecanismos de coordinación sobre estas bases principalmente con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos de países expulsores. Incrementar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

7. Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana. 

8. Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos caracterizados por la violación sistemática de derechos humanos.

9. Poner en marcha programas para el desarrollo de los municipios afectados por la violencia extrema, incluyendo mayor inversión en servicios públicos, facilidades para emprendedores locales y apoyos para organizaciones civiles e instituciones de culto dedicadas a la atención de víctimas.

10. Poner en marcha programas de desarme voluntario y campañas enfocadas en promover el respeto a la legalidad, la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género.