25 PROPUESTAS DE CAUSA EN COMÚN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

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Articular un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia, con la participación de los tres ámbitos de gobierno, instituciones educativas y todo tipo de organizaciones sociales, para la definición de una política de seguridad y justicia con perspectiva de Estado, mecanismos de rendición de cuentas, e indicadores de evaluación y seguimiento..

Para dar contenido a dicho pacto, van algunas propuestas organizadas en dos ejes:

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I. Reconstrucción institucional:

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1. Definir programas de desarrollo para todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los ámbitos de seguridad, procuración e impartición de justicia, protección de víctimas y sistema de búsqueda.

2. Aumentar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado a las entidades federativas y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y recuperar los fondos del desaparecido Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a municipios. 

3. Fortalecer las capacidades de auditoría del Secretariado Ejecutivo en materia de uso de recursos, servicio profesional de carrera, procesos de profesionalización y evaluación, así como de los registros de personal de policías, fiscalías y centros penitenciarios; asimismo, evaluar las capacidades y los sistemas de los Centros de Comando, con el objetivo de homologar estándares, detectar anomalías y garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información institucional.

4. Desarrollar una política nacional de seguridad social para garantizar y homologar los derechos y prestaciones del personal policial, ministerial y penitenciario en todas las entidades federativas.

5. Establecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres como un principio rector obligatorio en todos los procesos de desarrollo institucional de las policías, fiscalías y centros penitenciarios.

6. Crear una política nacional en materia del uso de la fuerza que incluya directivas nacionales de tiro y de protección, lineamientos para la elaboración de informes y mecanismos de evaluación.

7. Promover una reforma para garantizar la transparencia y acceso público a las bases de datos del Sistema Nacional de Información con las debidas salvaguardas por motivos de seguridad.

8. Auditar los registros estatales de indicadores institucionales y de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que ya muestran evidentes anomalías y posibles manipulaciones.

9. Crear un Servicio Nacional de Policía, responsable de la formación inicial y profesionalización del personal policial en los tres ámbitos de gobierno, del sistema de carrera, y mecanismos homologados de selección, reclutamiento, evaluación, promoción y estímulos  con perspectiva de género. 

10. Desarrollar fiscalías autónomas, impulsar planes de persecución penal y programas de capacitación continua dirigidos a agentes del ministerio público, fortalecer las unidades de atención a víctimas y promover mecanismos alternativos de solución de controversias.

11. Recuperar el control de todos los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación, mejorar las condiciones de vida de los presos y fortalecer los programas de reinserción social.

12. Promover la reducción del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

13. Reconstruir el Poder Judicial sobre principios de meritocracia, profesionalismo e independencia, y dotarlo de recursos suficientes para fortalecer la carrera judicial y aumentar el número de juzgados y defensorías públicas en el país.

14. Recuperar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y facultarla para emitir resoluciones vinculantes y sanciones contra instituciones y particulares responsables de violar derechos humanos.

15. Edificar un Sistema Nacional de Atención a Víctimas como lo marca la ley, recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y aumentar los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones estatales 

16. Incrementar los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las comisiones estatales y fiscalías especializadas en delitos de desaparición; resguardar y fortalecer los diferentes registros de personas desaparecidas, no identificadas y localizadas en fosas; recuperar el Centro Nacional de Identificación Humana; y promover la colaboración con organismos internacionales para el fortalecimiento de las instituciones mencionadas.

 

II. Políticas Públicas:

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1. Construir una corporación policial federal de carácter plenamente civil, diseñar con las Fuerzas Armadas un plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada en democracia, acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz, y reorientar sus recursos a sus tareas primordiales de defensa nacional y auxilio en casos de desastres naturales.

2. Emprender la desarticulación de las organizaciones criminales mediante acciones directas sustentadas en labores de inteligencia, y fortalecer la coordinación con el gobierno de Estados Unidos con el mismo propósito.

3. Reglamentar el artículo 29 constitucional para que la declaración de estados de excepción sea una opción legal y políticamente viable, garantizando que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea, en todo momento, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

4. Despenalizar gradualmente las drogas, comenzando por la marihuana, regulando su producción, distribución y comercialización; incrementar los recursos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones; e invertir en programas de rehabilitación y campañas de consumo responsable, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado.

5. Incrementar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y conformar un sistema nacional de protección humanitaria para migrantes, que implemente una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, en los principios de asilo y repatriaciones ordenadas; en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos, de los principales países expulsores y con Naciones Unidas. 

6. Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, fortaleciendo modalidades como mesas de trabajo vecinales y vías digitales.

7.  

8. Implementar una estrategia integral para el desarrollo de los municipios más afectados por la violencia, incluyendo programas de inversión en servicios públicos, recuperación de espacios, incentivos fiscales y apoyos para emprendedores locales, y convenios con organizaciones civiles e instituciones de culto dedicadas a la atención de víctimas.

9. Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos caracterizados por la violación sistemática de derechos humanos.

10. Desarrollar programas para la atención de las secuelas médicas y psicológicas relacionadas con la constante exposición a hechos de violencia extrema; así como campañas masivas y permanentes enfocadas en promover la legalidad, los derechos humanos y la igualdad de género.