Índice

I. Reconstrucción institucional

     1. Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):

           a. Con respecto al Secretariado Ejecutivo (SE) y el Consejo Nacional (CN)

           b. Con respecto a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

           c. Con respecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

           d. Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

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     2. Sobre el Poder Judicial (las siguientes propuestas están pensadas para un Poder Judicial meritocrático, profesional e independiente, lo opuesto a un pseudopoder subordinado a un proyecto partidista y autoritario)

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     3. Sobre las instituciones de atención a víctimas (las siguientes propuestas están pensadas para instituciones profesionales e independientes, y no para aquellas subordinadas a un proyecto partidista y autoritario)

          a. Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

          b. Con respecto al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

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II. Políticas públicas

      1. En cuanto a la militarización en curso

     2. En cuanto al combate al crimen organizado

     3. En cuanto a drogas

     4. En cuanto a migración

     5. En cuanto a prevención y pacificación

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Introducción 

En Causa en Común pensamos que el arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad y procuración e impartición de justicia, de las penitenciarias, y de las instancias responsables de derechos humanos, búsqueda de personas y de atención a víctimas. El abandono se transformó, en los últimos años, en una destrucción institucional premeditada, parte de un proyecto político enfocado también a la desaparición de un Poder Judicial independiente, a la eliminación de los mecanismos para el acceso a la información pública, y a la ininterrumpida intromisión de las Fuerzas Armadas en la esfera civil. 

La construcción de seguridad y justicia en México dependerá de si se restablecen las condiciones políticas que permitan emprender acciones para reconstruir las instituciones del país. Es, y sería, indispensable articular un pacto nacional por la seguridad y la justicia, en el que participen los gobiernos de los tres ámbitos, instituciones educativas, todo tipo de organizaciones sociales y ciudadanía en general. Consideramos que dicho Pacto debe partir de las siguientes premisas:

• La política de seguridad y procuración de justicia debe ser una política de Estado, que trascienda calendarios políticos y ciclos electorales, y que convoque y vincule a ciudadanos, comunidades, organizaciones y autoridades.

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• Todo compromiso y acción emanados del pacto deberían incluir mecanismos de rendición de cuentas a partir de indicadores de seguimiento y evaluación.

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• Como sustento del pacto, se proponen las instituciones y los mecanismos definidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras, mencionadas más adelante, que serían indispensables en los ámbitos de justicia, derechos humanos y atención a víctimas. 

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Para dar contenido a dicho pacto, van algunas propuestas organizadas en dos ejes: I) Reconstrucción institucional y II) Políticas públicas. Cada eje se divide en apartados e incisos, para dar cuenta de las instituciones y de los temas clave sobre los cuales encaminar los esfuerzos. No por obvio puede dejar de subrayarse que todas las propuestas están sujetas al incremento sustancial de recursos presupuestales que garanticen su viabilidad.

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I. Reconstrucción Institucional

 

Las propuestas contenidas en este eje apuntan a tres objetivos prioritarios: 

• Fortalecer las instituciones y mecanismos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) .

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  A pesar de su destrucción, a no abandonar la idea de un Poder Judicial autónomo y promotor del fortalecimiento de un auténtico sistema de impartición de justicia.

• Fortalecer a las instituciones encargadas de proteger derechos y atender a víctimas.

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1. Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):

 

a) Con respecto al Secretariado Ejecutivo (SE) y el Consejo Nacional (CN):

• Que el CN promueva una reforma constitucional y leyes complementarias para definir seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, delimitando las responsabilidades y distribuyendo las competencias de las Fuerzas Armadas (incluida la Guardia Nacional) y las corporaciones policiales.

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• Que tanto el SE como el CN cumplan con sus responsabilidades de diseño y seguimiento de las directivas nacionales para el desarrollo de policías, fiscalías y  penales, determinando la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.

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• Que el CN y el SE establezcan un programa nacional de depuración en policías, fiscalías y centros penitenciarios. El programa atendería con prioridad estados y municipios con situaciones especialmente graves de inseguridad, e incluiría evaluaciones de control de confianza y revisiones patrimoniales. 

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• Que el SE estipule criterios para la concertación de fondos federales destinados a la profesionalización de policías y funcionarios de fiscalías y guardias penitenciarios, incluyendo los estudios de necesidades, así como un plan general que establezca el cronograma y las metas de capacitación por etapa de formación. 

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• Que el SE lleve a cabo auditorías periódicas de la aplicación de los servicios profesionales de carrera, del cumplimiento de los programas establecidos en los programas de profesionalización, y de la aplicación de las evaluaciones de desempeño, control de confianza y competencias básicas, tanto de cuerpos policiales, como de fiscalías y centros penitenciarios.

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• Que el SE realice auditorías periódicas del registro de personal de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y penitenciarias, y establezca un sistema nacional que permita llevar un seguimiento actualizable  del número de elementos adscritos por género, rango, función y vigencia de su certificación, así como de las plazas ocupadas/plazas vacantes para evitar que persistan discrepancias en los registros.

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• Que el SE establezca la obligación de informar el número de bajas por no acreditar el control de confianza y que los registros sean incorporados en el Sistema Nacional de Información.

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• Que el CN y el SE desarrollen una política nacional de seguridad social para garantizar y homologar los derechos y prestaciones del personal policial, ministerial y penitenciario en todas las entidades federativas, contemplando los siguientes rubros:

Crear un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social, concertado entre los estados y la federación.
Reglamentar el régimen complementario de seguridad social del personal policial en todas las entidades del país, a través de leyes específicas o mediante reformas a las leyes de seguridad estatales.
Diseñar esquemas de seguros complementarios, a partir de alianzas con instituciones privadas, que permitan ampliar y diversificar las opciones de seguridad social y apoyo económico para el personal.
Definir un mecanismo  para monitorear el cumplimiento de las prestaciones y derechos laborales del personal en las entidades.
Impulsar la apertura de salas de lactancia y guarderías, y contemplar esquemas de vinculación con instituciones como el ISSSTE para ampliar cobertura.
 

 

• Que el CN y el SE promuevan reformas en los estados  para establecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres como un principio rector obligatorio en todos los procesos de desarrollo institucional de las policías, fiscalías y centros penitenciarios, y que contemplen:

La incorporación de la perspectiva de género en leyes, reglamentos, manuales, códigos, protocolos y programas de formación. 
Instalar comités para la igualdad de género que articulen políticas, monitoreen avances y evalúen acciones institucionales.
Crear instancias para la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
 

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• Crear una política nacional en materia del uso de la fuerza que contemple: 

Manuales técnicos, incluyendo  criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad.
Una Directiva Nacional de Tiro, que especifique tiempos, regularidad, condiciones, infraestructura e insumos.  
Lineamientos para la elaboración de informes, incluyendo datos desagregados, análisis de tendencias, resultados de investigaciones, datos de contexto y explicación detallada de casos. 
Una Directiva Nacional de Protección que establezca el tipo y características de equipo de protección balística requerido para garantizar la integridad física del personal, además de mantener un inventario nacional del equipo con un  control riguroso de su estado.
Mecanismos de evaluación sobre el uso de la fuerza para prevenir el uso excesivo, identificar mejoras, establecer controles y sanciones, y asegurar la rendición de cuentas. 

 

• Que el CN promueva la reducción del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por tratarse de una medida en principio contraria a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y a esquemas eficientes de investigación. Asimismo, definir mecanismos y procedimientos para que, en cada caso, las fiscalías y juzgados de control fundamenten de manera clara y expedita la procedencia de la prisión preventiva.

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• Que el SE desarrolle mecanismos para garantizar la confiabilidad e integridad del Registro Nacional de Detenciones, y complementarlo con información que dé cuenta de la evolución de los procesos judiciales.

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• El CN y el SE deben dar seguimiento a las necesidades de los Centros de Comando y Control, y en especial de su personal, así como a la homologación de sus capacidades tecnológicas y de sus protocolos para la captación, procesamiento y reserva de la evidencia videográfica.

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• El CN debe promover a la Coordinación Nacional Antisecuestro como una instancia enfocada a la supervisión y promoción del desarrollo institucional y la homologación de las capacidades técnicas y humanas de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en cada entidad federativa.

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• El SE debe definir los mecanismos de seguimiento y los parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CN y de las diferentes Conferencias del SNSP. Los acuerdos deben ser pertinentes, viables y medibles; también debe definirse a los responsables de llevarlos a cabo, así como los plazos de cumplimiento. 

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• El CN y el SE deben estar facultados para definir y aplicar sanciones administrativas y económicas a las distintas autoridades que componen el SNSP por incumplimiento de los acuerdos.

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• El SE debe diseñar un modelo de indicadores para la evaluación del desempeño de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias.

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• El SE debe asegurarse del correcto uso de los recursos, a través de un sistema transparente de auditorías.

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• El CN debe impulsar el incremento de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a las entidades federativas, y para el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP); además de recuperar los fondos que formaban parte del extinto Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG).

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• Promover la ampliación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN), garantizando que el 20% de los recursos se destinen al fortalecimiento de la seguridad pública. A su vez, promover cambios a las legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial sea destinado a la seguridad y para que las policías cuenten con presupuestos transexenales.

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• El CN podría promover una reforma al artículo 101 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar la transparencia y acceso público a las bases de datos que contienen información del desarrollo institucional del Sistema Nacional de Información, con las debidas salvaguardas por motivos de seguridad. 

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• El SE puede promover criterios homologados para la recopilación, sistematización y análisis de la información estadística por parte de las corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios y Fuerzas Armadas. Puede, asimismo, promover esquemas de capacitación y de certificación para mejorar la calidad y presentación de los registros.

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• El SE debe llevar a cabo auditorías de los registros estatales de indicadores institucionales y de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que ya muestran evidentes anomalías y posibles manipulaciones.

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• En ese sentido, el SE puede definir mecanismos de supervisión y sanción para aquellos funcionarios que proporcionen información estadística incompleta, manipulada o falsa.

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• El SE podría promover ante el CN el incremento presupuestal necesario para fortalecer sus sistemas de información y  difusión de datos relacionados con desarrollo institucional y  seguridad pública.​​

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b) Con respecto a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

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• Promover el nombramiento de mandos civiles en las corporaciones policiales.

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• Promover una reforma constitucional para dotar a las policías de los tres órdenes del gobierno de la facultad de investigar delitos de manera autónoma, sin depender del mando del ministerio público.

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• Establecer un Servicio Nacional de Policía, responsable de la formación inicial y profesionalización de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, del sistema de carrera policial, y con procedimientos y mecanismos homologados de selección, reclutamiento, evaluación, promoción y estímulos con perspectiva de género. 

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• Establecer un plan general de selección, reclutamiento y formación, con financiamiento, objetivos y cronogramas de aplicación. 

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• Establecer un modelo nacional de academia policial y, de conformidad con estudios de necesidades en todo el país, incrementar los recursos de academias e institutos de formación policial.

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• Mantener la aplicación de los componentes del Certificado Único Policial referentes al control de confianza, y generar condiciones para que los demás aspectos que lo componen (evaluaciones de competencias y de desempeño) dejen de ser una simulación y formen parte de una estrategia de evaluación integral y efectiva.

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• Establecer esquemas salariales y de prestaciones competitivos que fortalezcan el sentido de pertenencia institucional y disminuyan el riesgo de conductas ilícitas.

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• Revisar y actualizar los códigos de conducta, modelos de actuación y régimen disciplinario, incorporando explícitamente la perspectiva de género.

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• Homologar los criterios y requisitos del sistema de retiro estableciendo edades y condiciones de acuerdo con la escala jerárquica, las funciones y el desempeño.

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• Desarrollar Unidades de Atención Temprana con personal  para la atención psicológica y establecer convenios de colaboración con universidades para ofrecer servicios gratuitos a los policías.

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• Fortalecer las unidades de asuntos internos de las corporaciones, impulsando su descentralización y el incremento de sus recursos para fortalecer sus funciones de supervisión, inspección e investigación de presuntas conductas ilícitas cometidas por el personal policial.

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• Promover la instalación de oficinas externas del Órgano Interno de Control o Visitadurías para la recepción de denuncias, con garantías de independencia y protección a denunciantes, y fortalecer los canales de denuncia electrónicos con información clara para la ciudadanía y el personal policial.

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• Diseñar e implementar mecanismos para incentivar y facilitar la denuncia interna de conductas ilícitas, que garanticen la celeridad de los procesos y la confidencialidad, la protección y el respeto a los derechos del denunciante. Algunos mecanismos que se sugieren son: denuncias anónimas, protocolo de alerta temprana, áreas de contrainteligencia, usuarios simulados, análisis de faltas recurrentes y garantías de notificación a los denunciantes en toda instancia del proceso.

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• Crear unidades de derechos humanos al interior de las corporaciones, responsables de llevar el registro y seguimiento de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.

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• Publicar informes anuales con estadísticas y resultados de los procedimientos disciplinarios, incluyendo acciones correctivas, sanciones y avances en perspectiva de género y derechos humanos, fomentando la confianza ciudadana y del personal.

 

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c) Con respecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

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• Promover el desarrollo de fiscalías autónomas, a través de reformas legales que, con base en la experiencia y las recomendaciones elaboradas por organizaciones civiles y académicas, incluyan los siguientes puntos:

Crear sistemas colegiados para la designación y remoción de los titulares de las fiscalías, que involucren a los tres Poderes y a instancias independientes.

Definir periodos de mandato prolongados (de entre 9 y 12 años) y transexenales para los titulares de las fiscalías, para de esta manera coadyuvar a reducir la influencia de los cambios gubernamentales y proteger la autonomía operativa de la institución.

Definir mecanismos de remoción mediante contrapesos que limiten las facultades del Ejecutivo a causas estrictamente definidas en la ley para evitar acciones arbitrarias, y el requisito de mayoría calificada en el Congreso.

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• Definir un programa nacional para el desarrollo profesional y la homologación de las capacidades técnicas de los ministerios públicos, policías de investigación, y personal pericial y forense, que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, sistema de carrera, y esquemas salariales y de prestaciones.

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• Impulsar programas de capacitación continua dirigidos a los agentes del ministerio público, enfocados en fortalecer sus habilidades de litigio.

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• Replantear el sistema de evaluaciones de desempeño del personal de los ministerios públicos para que, en lugar de basarse en métricas administrativas, lo hagan con base en la resolución de delitos y la reducción de la impunidad.

• Crear Unidades de Análisis Criminal en cada fiscalía estatal para el estudio de las tendencias delictivas locales y la definición de planes y prioridades de persecución penal.

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• Fortalecer a las unidades y los protocolos de protección y atención jurídica, médica y psicológica para víctimas directas e indirectas, testigos y denunciantes de delitos, garantizando la aplicación de la perspectiva de género en todas las etapas del proceso.

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• Promover la publicación de una Ley General de Servicios Forenses para crear y regular el funcionamiento de centros regionales de identificación humana y panteones forenses, fijando criterios para la asignación de presupuestos y personal adecuados. Se debe también contemplar el desarrollo de protocolos homologados de exhumación, inhumación y resguardo de restos humanos, que garanticen el resguardo de la cadena de custodia forense.

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• Promover en los ministerios públicos el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, estableciendo rutas efectivas de coordinación con los juzgados cívicos.

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• Fortalecer los Consejos Ciudadanos en la Fiscalía General de la República (FGR) y en las fiscalías estatales, con criterios que garanticen su independencia.

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d) Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

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• Delinear y ejecutar un plan integral para la recuperación del control sobre los penales que reportan autogobierno, incluyendo operativos policiales basados en labores de inteligencia para la desarticulación de organizaciones criminales y el uso de tecnología para incrementar el control interno.

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• Desarrollar un programa nacional para el desarrollo profesional del personal de custodia, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, capacitación, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales, prestaciones y equipamiento.

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• Definir un plan nacional y planes regionales para la modernización de los centros penitenciarios, con criterios técnicos, definiciones y mecanismos presupuestales orientados a los siguientes fines:

La certificación internacional (Asociación Americana de Correccionales) y homologación de las capacidades técnicas de los penales.

El aumento de la capacidad instalada del sistema penitenciario, mediante el restablecimiento de los penales federales clausurados durante el pasado sexenio y su adecuamiento conforme a las necesidades detectadas.

La creación de penales especializados para mujeres y menores que viven con ellas en cada entidad federativa.

La adecuación de las instalaciones de los penales, para garantizar la separación de la población privada de la libertad según su situación jurídica (sentenciada, prisión preventiva y reincidencia) y criterios como edad, sexo o su vinculación por delitos relacionados con delincuencia organizada.

La apertura de oficinas de recepción de denuncias tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios en todas las entidades, garantizando accesibilidad y confidencialidad en el manejo de quejas y denuncias.

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• Promover la reforma y creación de leyes penitenciarias estatales para regular y homologar los regímenes de desarrollo, organización y funcionamiento de los centros penitenciarios en el país, en conformidad con los principios estipulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

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• Promover la reversión de la última reforma a la Ley Nacional de Amnistía, que otorga al Ejecutivo la facultad de otorgar el beneficio y, en cambio, dotar de mayores recursos a la Comisión de Amnistía y aumentar los alcances del mecanismo para beneficio de poblaciones vulnerables. 

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• Impulsar programas de salud en los penales que permitan prevenir y erradicar enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, rehabilitar y ofrecer tratamientos para personas con problemas de adicciones, habilitar unidades psiquiátricas, y desarrollar mecanismos expeditos para flexibilizar las condenas de personas con enfermedades terminales.

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• Promover programas enfocados en la reinserción social, incluyendo planes para la creación de espacios físicos, la obtención de equipos técnicos, insumos y herramientas necesarios para habilitar talleres y escuelas, así como acuerdos con instituciones de educación pública y privada.

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• Agilizar trámites para que las personas liberadas obtengan rápidamente documentos de identificación oficial, y establecer convenios con la iniciativa privada para otorgarles oportunidades de trabajo.

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• Crear comisiones o grupos de trabajo de los que emanen planes y programas de seguimiento, atención y ayuda de las personas liberadas.

 

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2. Sobre el Poder Judicial (las siguientes propuestas están pensadas para un Poder Judicial meritocrático, profesional e independiente, lo opuesto a un pseudopoder subordinado a un proyecto partidista y autoritario):

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• Promover una Ley Nacional de Carrera Judicial que regule y homologue los mecanismos para el acceso y promoción en los cargos judiciales, con base en evaluaciones objetivas sobre el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos.

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• Promover reformas encaminadas a la implementación de la colegiación y certificación obligatoria mediante examen de especialidad, a efecto de cumplir los principios del ejercicio de la profesión judicial, como el secreto profesional, cuidar en todo momento la posibilidad de conflicto de intereses y el respeto a los órganos de impartición de justicia. 

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• Establecer el déficit de juzgados y jueces, a fin de determinar y orientar los recursos técnicos, humanos y presupuestales necesarios para el fortalecimiento del Poder Judicial. 

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• En el caso de la justicia penal, deben diseñarse programas puntuales para atender la sobrecarga laboral, la falta de infraestructura y de sistemas tecnológicos, y para proveer servicios de seguridad al personal expuesto a casos de especial peligrosidad.

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• Promover una Ley General de Defensorías Públicas, a fin de homologar los servicios de defensa pública a nivel federal y estatal, garantizando su  autonomía, suficiencia presupuestal y de personal, regulando su servicio profesional de carrera y conformando un Sistema Nacional de Defensorías que permita su coordinación con instituciones de atención a víctimas.

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• Fortalecer los sistemas de denuncia contra las autoridades jurisdiccionales por incumplimiento de sus obligaciones, así como el mecanismo de rendición de cuentas de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para dar un mejor seguimiento a las quejas, resoluciones y sanciones impuestas. En este sentido, promover herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos, mejorar la recolección y organización de la información, y facilitar la presentación de denuncias contra autoridades judiciales.

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• Promover reformas que aseguren la autonomía presupuestal del Poder Judicial federal y de los estatales. 

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3. Sobre las instituciones de atención a víctimas (las siguientes propuestas están pensadas para instituciones profesionales e independientes, y no para aquellas subordinadas a un proyecto partidista y autoritario):

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a) Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV):

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• Para recuperar la autonomía técnica y la legitimidad de la CNDH y de la CEAV, reformar los mecanismos de selección de sus titulares mediante la celebración de ejercicios de parlamento abierto en el Senado, en los que integrantes de organizaciones sociales y organismos locales dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos sean quienes definan la terna de candidatos a votarse en el pleno legislativo.

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• Reglamentar en las leyes de la CNDH y de la CEAV, las causas y los mecanismos de sanción y eventual remoción de sus titulares. A su vez, dotar a sus Consejos o Asambleas Consultivas de la facultad para interponer y resolver sobre los anteriores recursos, definiendo procedimientos que garanticen la seguridad de los denunciantes y la imparcialidad de las investigaciones.

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• Dotar a la CNDH de facultades legales para emitir resoluciones vinculantes, incluyendo la posibilidad de emitir sanciones en contra de las instituciones y agentes del Estado.

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• Dotar de facultades y herramientas a la CEAV y la CNDH para que puedan promover la aplicación de mecanismos de reparación colectiva y simbólica en las instituciones identificadas como responsables de violaciones a derechos humanos.

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• Crear definiciones adecuadas, dentro del glosario de la Ley General de Víctimas, para diferenciar entre víctimas de delitos en general, víctimas de delitos de alto impacto y víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de acotar las responsabilidades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y los casos violatorios a los derechos de las víctimas atendibles por la CEAV y las comisiones estatales de atención a víctimas.

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• En línea con lo anterior, precisar los criterios de inclusión al Registro Nacional de Víctimas, fortalecer los procesos de valoración de las solicitudes, y definir protocolos para la asignación de las diferentes medidas de ayuda con base a criterios estandarizados.

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• Dotar a la CNDH, a la CEAV y a las respectivas comisiones estatales, de presupuestos multianuales que garanticen el pleno ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios de atención y protección previstos en sus leyes respectivas.

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• Recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por la CEAV, como un mecanismo para que los recursos de asistencia y reparación sean estables.

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• Incrementar los recursos destinados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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b) Con respecto al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB):

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• Desarrollar y publicar el Programa Nacional de Búsqueda y los programas estatales, en los que se definan objetivos y acciones de desarrollo institucional para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y para las comisiones de búsqueda estatales, junto a sus respectivas necesidades presupuestales.

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• Publicar la normativa y los instrumentos necesarios para la operación de los registros de personas desaparecidas, no identificadas, fosas comunes y clandestinas.

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• Que el Senado emita, a la brevedad, la convocatoria para la integración del Consejo Nacional Ciudadano del SNB, en conformidad con los principios estipulados en la Ley General en Materia de Desaparición.

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• Promover y consolidar, con carácter urgente, reformas legislativas en los congresos estatales para homologar sus marcos normativos con las definiciones penales y mecanismos establecidos en la Ley General.

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• Definir e implementar a través del SNB, y con la participación de las víctimas, una política de prevención, con programas, campañas y acciones replicables en los tres ámbitos de gobierno.

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• Que el SNB promueva la conformación de mecanismos regionales con la participación de autoridades estatales, municipales y organizaciones ciudadanas, para  impulsar programas regionales de búsqueda e identificación.

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• Exigir a la FGR informes periódicos sobre la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y agilizar el desarrollo y publicación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense a su cargo.

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• Recuperar el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de recursos que garanticen su operación, y definir un plan para la creación de centros regionales de identificación en colaboración con la FGR.

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• Incorporar en la agenda de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del CNSP el desarrollo institucional de las fiscalías especializadas, garantizando que cuenten con la estructura mínima estipulada en la ley, y con recursos y personal especializado suficientes.

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• Promover y vigilar en todas las fiscalías la aplicación del Protocolo Homologado de  Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así como de los protocolos nacionales para la recuperación, estudio y entrega de cadáveres.

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• Definir estándares de desarrollo para los servicios forenses de las fiscalías y programas de contratación y capacitación para el personal pericial y forense.

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• Que cada fiscalía establezca programas para la priorización de casos y planes de investigación orientados a incrementar la judicialización de carpetas de investigación.

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• A través de la CEAV, elaborar un programa de protección a colectivos de búsqueda, garantizando su acceso a atención médica, psicológica, legal y económica.

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• Acatar las sentencias y promover la colaboración de organismos internacionales para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación forense y combatir la impunidad que impide la judicialización de casos de desaparición forzada.

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II. Políticas Públicas​

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1. En cuanto a la militarización en curso:

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• La falta de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) abrió el camino a una militarización acelerada, la cual, a su vez, obstruye la creación del Sistema. En ese sentido, la construcción de capacidades civiles para la seguridad pública requiere de un proceso paralelo de desmilitarización que incluya la construcción de una corporación policial federal de carácter plenamente civil.

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• Diseñar con las Fuerzas Armadas (FFAA) un plan de repliegue  a las funciones propias de una fuerza armada en democracia. En los casos en que su apoyo en seguridad resulte indispensable, se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que dicha participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

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• Llevar a cabo una revisión crítica de la Constitución y de las leyes orgánicas de las FFAA para precisar y acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz, incluyendo:

Funciones para la seguridad interior.

Difundir de manera transparente y accesible información detallada sobre su presupuesto y procesos de desarrollo.

Formalización de mecanismos de interacción con la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos mediante consultas públicas, mesas de diálogo y la apertura para recibir denuncias ciudadanas.

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• Fortalecer el papel del Congreso para vigilar e incluso investigar las labores de las dependencias involucradas en la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.

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• Reorientar el presupuesto de las FFAA hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de defensa nacional y auxilio en casos de desastres naturales.

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​2. En cuanto al combate al crimen organizado:

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• Con base en labores de inteligencia, emprender la desarticulación de las organizaciones criminales y las redes políticas y económicas de las que dependen, en coordinación con los cuerpos de policía locales, y en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.

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• A partir de reformas legales, otorgar a las policías y fiscalías estatales facultades de investigación y persecución en materia de crimen organizado, de manera que contribuyan al desmantelamiento de grandes organizaciones criminales y de bandas locales. 

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• Sobre la base de los mecanismos previstos en el SNSP, armonizar los esfuerzos de desarrollo institucional y de operación de policías, fiscalías, sistema judicial y penales de todo el país.

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• Promover un diálogo nacional a fin de reglamentar el artículo 29 constitucional, y que la declaratoria de estados de excepción para algunas regiones del país pueda ser una opción legal y políticamente viable. Esta reglamentación deberá incorporar, para las Fuerzas Armadas, los criterios ya mencionados en el sentido de que su actuación debe ser en todo momento extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

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• Fortalecer las capacidades institucionales y la autonomía técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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• Fortalecer la infraestructura y la tecnología para la vigilancia en aduanas, puertos y cruces fronterizos. 

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• Priorizar el decomiso y destrucción de armas ilegales y sistematizar la revisión de los inventarios de las corporaciones de seguridad.

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• Procurar fondos nacionales e internacionales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades en zonas de alto riesgo.

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3. En cuanto a drogas:

• Impulsar cambios legales concertados entre las autoridades sanitarias, de seguridad y de justicia, para transitar hacia un modelo de regulación sanitaria del mercado de drogas y hacia la despenalización de su consumo, comenzando por la marihuana. Como parte del proceso, se propone:

De manera paulatina, reformar la Ley General de Salud para aumentar los umbrales de dosis máximas permitidas para el consumo personal, hasta generar un consenso en favor: 1) de la eliminación del delito de posesión simple; y 2) la redefinición de los delitos de drogas con base a los nuevos umbrales.

Impulsar programas de capacitación y protocolos de actuación estandarizados dirigidos al personal policial, ministerial y judicial para  garantizar que ninguna persona en posesión de dosis permitidas sea procesada penalmente.

Aplicar los mecanismos de amnistía a fin de asegurar la pronta liberación de personas encarceladas por los delitos de posesión simple.

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• Incrementar los recursos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y actualizar periódicamente la Encuesta Nacional de Adicciones.

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• Impulsar la creación de centros comunitarios de salud mental y adicciones, así como la certificación de establecimientos privados dedicados al tratamiento de farmacodependientes.

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• Impulsar, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, campañas sobre los efectos y las consecuencias del uso de drogas,  y programas para el tratamiento integral de la farmacodependencia.

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4. En cuanto a migración:

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• Invertir en controles fronterizos que contribuyan a facilitar flujos comerciales y a desalentar tráficos ilegales de drogas, armas y personas.

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• Conformar un sistema nacional de protección humanitaria para migrantes, que coordine autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Este sistema debe definir programas para la detección y atención de poblaciones migrantes vulnerables, y agilizar la toma de decisiones ante repuntes en el número de solicitudes de asilo y de cruces ilegales.

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• Revertir la militarización del Instituto Nacional de Migración y emprender su reconstrucción en tanto corporación civil auxiliar de una política migratoria enfocada a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y a la atención de víctimas.

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• Negociar un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos y los principales países expulsores, que contemple la contención de flujos migratorios ilegales y repatriaciones seguras y ordenadas, siempre con respeto a los derechos humanos. 

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• Ampliar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para incrementar sus recursos de asistencia legal, médica y psicológica, y ampliar su alcance territorial.

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• Definir mecanismos de coordinación entre la COMAR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para fortalecer los procesos de recepción, análisis y aprobación de solicitudes de refugio, elaborar campañas de concientización social y para la captación de recursos provenientes de donativos y fondos internacionales.

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• Crear programas y fondos para la construcción y el desarrollo de estaciones migratorias y albergues no gubernamentales, garantizando que cuenten con instalaciones dignas para ofrecer servicios de ayuda y asesoramiento legal para migrantes.

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• Acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un registro público sobre migrantes detenidos, con información sobre la fecha y  lugar de las detenciones y estación migratoria en que se encuentren.

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5. En cuanto a prevención y pacificación:

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• Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, fortaleciendo modalidades como mesas de trabajo vecinales y vías digitales.

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• Diseñar e implementar una estrategia integral y a largo plazo en favor del desarrollo de los municipios más afectados por la violencia, incluyendo  programas de inversión en servicios públicos, recuperación de espacios, e incentivos fiscales y apoyos económicos para emprendedores locales.

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• Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos caracterizados por la violación sistemática de derechos humanos.

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• Elaborar convenios de colaboración y financiamiento con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de víctimas directas e indirectas, particularmente aquellas que prestan servicios de albergue temporal, asesoría legal, y atención médica y psicológica.

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• Construir vínculos de colaboración entre gobiernos municipales e instituciones de culto para impulsar programas de apoyo emocional y orientación legal para víctimas de violencia.

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• Desarrollar programas de educación y salud pública que atiendan las secuelas médicas y psicológicas relacionadas con la constante exposición a hechos de violencia extrema.

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• Impulsar campañas masivas y permanentes enfocadas en promover la legalidad, los derechos humanos y la igualdad de género.