En Causa en Común pensamos que el arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad y procuración e impartición de justicia, de las penitenciarias y de las instancias responsables de la atención a víctimas. El abandono se transformó, en los últimos años, en una destrucción institucional premeditada, parte de un proyecto político enfocado también a la desaparición de un Poder Judicial independiente, a la eliminación de los mecanismos para el acceso a la información pública y a la ininterrumpida intromisión de las Fuerzas Armadas en la esfera civil. 

La construcción de seguridad y justicia en México dependerá de si se reestablecen las condiciones políticas que permitan emprender acciones para reconstruir las instituciones del país. En ese sentido, creemos que sería necesario articular  un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia, en el que participen los gobiernos de los tres ámbitos, instituciones educativas, todo tipo de organizaciones sociales y ciudadanía en general. Creemos que dicho Pacto debe partir de las siguientes premisas:

• La política de seguridad y procuración de justicia debe ser una política de Estado, que trascienda calendarios políticos y ciclos electorales, y que convoque y vincule a ciudadanos, comunidades, organizaciones y autoridades.

• Todo compromiso y acción emanados del Pacto deberían incluir mecanismos de rendición de cuentas a partir de indicadores de seguimiento y evaluación.

Como sustento del Pacto, se proponen las instituciones y los mecanismos definidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras, mencionadas más adelante, que serían indispensables en términos de procuración de justicia y atención a víctimas. Las propuestas que a continuación se explican están organizadas en dos ejes: I) Reconstrucción institucional, y II) Políticas públicas. Cada eje se divide en apartados e incisos, para dar cuenta de las instituciones y de los temas clave sobre los cuales encaminar los esfuerzos en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia. No por obvio, puede dejar de subrayarse que todas las propuestas están sujetas al incremento sustancial de recursos presupuestales que garanticen su viabilidad.

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I. Reconstrucción Institucional

 

Las propuestas contenidas en este eje apuntan a tres objetivos prioritarios: 

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• Retomar y fortalecer las instituciones y mecanismos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para la definición y ejecución de las estrategias nacionales en materia de seguridad, procuración de justicia y del sistema penitenciario, y para el seguimiento y evaluación de los objetivos y programas de desarrollo de dichas instituciones en los tres ámbitos de gobierno.

• Incorporar al Poder Judicial como un aliado promotor del desarrollo y el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia nacional, manteniendo en todo momento el respeto a su autonomía y atendiendo a sus necesidades presupuestales.

• Desarrollar una estrategia nacional para la atención y reparación a víctimas, fortaleciendo a las instituciones encargadas de dicha tarea.

Las propuestas se detallan en los siguientes apartados, cada uno concerniente a los tres objetivos anteriormente descritos: 1) SNSP, 2) Poder Judicial, y 3) Instituciones para la atención a víctimas.  A su vez, los apartados se subdividen en incisos referentes a las instituciones de seguridad y de justicia que habrán de conducir las iniciativas a continuación detalladas.

 

 

1. Sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):

 

 

a) Con respecto al Secretariado Ejecutivo (SE) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CN):

 

• Que el CN promueva una reforma constitucional y leyes complementarias para definir seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, delimitando las responsabilidades y distribuyendo las competencias de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las corporaciones policiales.

• Que tanto el SE como el CN cumplan con sus responsabilidades de revisión, diseño y seguimiento de las estrategias nacionales para el desarrollo de policías, fiscalías y del sistema penitenciario. Dichas estrategias deben determinar de manera clara la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.

• Que el CN se encargue de promover la coordinación y colaboración entre el SE y las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país, incluyendo corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios, Fuerzas Armadas e instituciones de atención a víctimas.

• Que el SE determine y promueva ante el CN los incrementos presupuestales necesarios para fortalecer sus sistemas de información y tecnología para la recopilación, análisis y difusión de datos sobre delincuencia y seguridad pública.

• Que el SE diseñe un modelo general de indicadores para la evaluación del desempeño de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.

• Que el SE defina y promueva la aplicación de criterios homologados para la recopilación, sistematización y manejo de la información estadística por parte de las corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios, Fuerzas Armadas e instituciones de atención a víctimas.

• Que el SE lleve a cabo auditorías de los registros estatales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que muestren anomalías y evidencias de posibles manipulaciones.

• Que el SE defina programas de capacitación para los servidores públicos encargados de generar información estadística sobre incidencia delictiva. Esto permitirá contar con mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellos funcionarios que proporcionen información estadística incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas.

• Que el SE desarrolle mecanismos para garantizar la confiabilidad e integridad del Registro Nacional de Detenciones, y complementarlo con información que dé cuenta de la evolución de los procesos judiciales.

• Que el SE defina los mecanismos de seguimiento y los parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CN y de las diferentes Conferencias del SNSP, de manera que se garantice que éstos sean pertinentes, viables y medibles, así como a los actores responsables de su cumplimiento en los órdenes federal, estatal y municipal.

• Que tanto el SE como la CN estén facultados para definir y aplicar sanciones administrativas y presupuestales a las distintas autoridades que componen el SNSP por incumplimiento de los acuerdos.

• Que el SE asegure el correcto uso de los recursos por parte de las instituciones de seguridad, impartición de justicia y sistema penitenciario, a través de un sistema transparente de auditoría.

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b) Con respecto a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

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• Definir una estrategia nacional para el desarrollo y homologación de las capacidades institucionales de los corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, capacitación, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y de prestaciones, equipamiento e infraestructura.

• Aplicar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y crear un Servicio Nacional de Policía, responsable de la formación inicial y profesionalización de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno.

• Definir en la Ley General del SNSP los derechos laborales y de seguridad social de los miembros de las corporaciones policiales, impulsando un programa nacional para la mejora y homologación de sus condiciones de trabajo.

• Dar seguimiento y rendir informes regulares sobre el estado de implementación del Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales y de todos los aspectos relacionados con el desarrollo policial ya mencionados.

• Mantener la aplicación de los componentes del Certificado Único Policial referentes al control de confianza, y generar condiciones para que los demás aspectos que lo componen (evaluaciones de competencias y de desempeño) dejen de ser una simulación y formen parte de una estrategia de evaluación integral y efectiva.

• Desarrollar Unidades de Atención Temprana para la prevención y atención de problemas psicológicos entre el personal policial.

• Fortalecer las oficinas de Asuntos Internos de las policías y promover mecanismos de supervisión externa a cargo de organizaciones sociales y ciudadanos.

• Promover una reforma constitucional para dotar a las policías de los tres órdenes del gobierno de la facultad de investigar delitos de manera autónoma, sin tener que depender del mando del ministerio público.

• Dar seguimiento a las necesidades de los Centros de Comando y Control, y especial de su personal, así como a la homologación de sus capacidades tecnológicas y de sus protocolos para la captación, reserva y procesamiento de la evidencia videográfica.

• Restablecer a la Coordinación Nacional Antisecuestro como una instancia enfocada a la supervisión y promoción del desarrollo institucional y la homologación de las capacidades técnicas y humanas de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro.

• Aumentar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a las entidades federativas, recuperar los fondos del eliminado Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), destinado para los municipios, y ampliar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN). 

• Promover cambios a las legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial sea destinado a la seguridad.

• Impulsar las reformas necesarias para que las policías cuenten con presupuestos transexenales.

 

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c) Con respecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

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• Que la Conferencia promueva la consolidación de fiscalías autónomas, a través de reformas legales que permitan acotar la participación de los poderes ejecutivos en la designación y remoción de sus titulares, así como la asignación de presupuestos transexenales.

• Definir un programa nacional para el desarrollo profesional y la homologación de las capacidades técnicas de los ministerios públicos y unidades forenses, que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, sistema de carrera, y esquemas salariales y de prestaciones.

• Impulsar programas de capacitación continua dirigidos a los agentes del ministerio público, enfocados en fortalecer sus habilidades de litigio.

• Replantear el sistema de evaluaciones de desempeño del personal de los ministerios públicos para que, en lugar de basarse en métricas administrativas, lo hagan con base en la resolución de delitos y la reducción de la impunidad.

• Crear Unidades de Análisis Criminal en cada fiscalía estatal para el estudio de las tendencias delictivas locales y la definición de planes y prioridades de persecución penal.

• Fortalecer a las unidades y los protocolos de protección y atención jurídica, médica y psicológica a víctimas directas e indirectas, testigos y denunciantes de delitos.

• Promover la publicación de una Ley General de Servicios Forenses para crear y regular el funcionamiento de centros regionales de identificación humana y panteones forenses, fijando criterios para la asignación de presupuestos y personal adecuados. Se debe también contemplar el desarrollo de protocolos homologados de exhumación, inhumación y resguardo de restos humanos, que garanticen el resguardo de la cadena de custodia forense.

• Promover en los ministerios públicos el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, estableciendo rutas efectivas de coordinación con los juzgados cívicos.

• Fortalecer los Consejos Ciudadanos en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales, con criterios que garanticen su independencia.

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d) Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

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• Establecer lineamientos para un desarrollo penitenciario homologado a nivel nacional, considerando los estudios y protocolos elaborados durante los últimos años, y mediante mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan períodos electorales.

• Definir criterios homologados para la clasificación de la población privada de su libertad de acuerdo con sus niveles de peligrosidad.

• Definir protocolos para la separación y el traslado de la población sentenciada, que permitan garantizar su seguridad y la correcta evolución de sus procesos judiciales.

• Definir criterios técnicos que orienten el desarrollo y el aumento de la capacidad instalada del sistema penitenciario para garantizar la separación de la población sentenciada de las personas en situación de prisión preventiva y de las personas reincidentes. En línea con lo anterior, restablecer los penales federales clausurados durante el último sexenio.

• Promover reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a las leyes penitenciarias estatales para homologar los regímenes de planeación, organización y funcionamiento de las autoridades penitenciarias en el país.

• Crear Comisiones para la Reinserción Social de las que emanen planes y programas de seguimiento y atención de las personas liberadas. Estos planes podrán ser compartidos, estudiados y replicados a través de la Conferencia.

 

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​2. Sobre el Poder Judicial (las siguientes propuestas están pensadas a partir de un Poder Judicial meritocrático, profesional e independiente, y no para uno subordinado a un proyecto partidista y autoritario):

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• Promover una Ley Nacional de Carrera Judicial que regule y homologue los mecanismos para el acceso y promoción en los cargos judiciales, con base en evaluaciones objetivas sobre el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos.

• Promover reformas encaminadas a la implementación de la colegiación y certificación obligatoria mediante examen de especialidad, a efecto de cumplir los principios del ejercicio de la profesión judicial, como el secreto profesional, el conflicto de intereses y el respeto a los órganos de impartición de justicia. 

• Elaborar un diagnóstico sobre el déficit de juzgados y jueces en el país, a fin de determinar y orientar los recursos técnicos, humanos y presupuestales necesarios para el fortalecimiento del Poder Judicial. 

• En el caso de la justicia penal, deben diseñarse programas puntuales para atender la sobrecarga laboral, la falta de infraestructura y de sistemas tecnológicos, y para proveer servicios de seguridad al personal expuesto a casos de especial peligrosidad.

• Promover una Ley General de Defensorías Públicas, a fin de homologar los servicios de defensa pública a nivel federal y estatal, garantizando su  autonomía, suficiencia presupuestal y de personal, regulando su servicio profesional de carrera y conformando un Sistema Nacional de Defensorías que permita su coordinación con instituciones de atención a víctimas.

• Fortalecer los sistemas de denuncia contra las autoridades jurisdiccionales por incumplimiento de sus obligaciones, así como el mecanismo de rendición de cuentas de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para dar un mejor seguimiento a las quejas, resoluciones y sanciones impuestas. En este sentido, promover herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos, mejorar la recolección y organización de la información, y facilitar la presentación de denuncias contra autoridades judiciales.

• Promover reformas que aseguren la autonomía presupuestal del Poder Judicial federal y de los estatales. 

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3. Sobre las instituciones de atención a víctimas (las siguientes propuestas están pensadas para instituciones profesionales e independientes, y no para aquellas subordinadas a un proyecto partidista y autoritario):​

 

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a) Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV):

 

• Para recuperar la autonomía técnica y la legitimidad de la CNDH y de la CEAV, reformar los mecanismos de selección de sus titulares mediante la celebración de ejercicios de parlamento abierto en el Senado, en los que integrantes de organizaciones sociales y organismos locales dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos sean quienes definan la terna de candidatos a votarse en el pleno legislativo.

• Reglamentar de manera clara en las leyes de la CNDH y de la CEAV, las causas y los mecanismos de sanción y eventual remoción de sus titulares. A su vez, dotar a sus Consejos o Asambleas Consultivas de la facultad para interponer y resolver sobre los anteriores recursos, definiendo procedimientos claros que garanticen la seguridad de los denunciantes y la imparcialidad de las investigaciones.

• Dotar a la CNDH de facultades legales suficientes para emitir resoluciones vinculantes, que garanticen protección y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la posibilidad de emitir sanciones en contra de las instituciones y agentes del Estado.

• Dotar de facultades y herramientas a la CEAV y la CNDH para que puedan promover mecanismos de reparación colectiva y simbólica, que involucren garantías de no repetición y que contemplen mecanismos de demostración pública del compromiso de las autoridades con los derechos de las víctimas.

• Crear definiciones adecuadas, dentro del glosario de la Ley General de Víctimas, para diferenciar entre víctimas de delitos en general, víctimas de delitos de alto impacto y víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de acotar las responsabilidades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y los casos violatorios a los derechos de las víctimas atendibles por la CEAV y las comisiones estatales de atención a víctimas.

• En línea con lo anterior, precisar los criterios de inclusión al Registro Nacional de Víctimas, fortalecer los procesos de valoración de las solicitudes, y definir protocolos para la asignación de las diferentes medidas de ayuda con base a criterios estandarizados.

• Dotar a la CNDH, a la CEAV y a las respectivas comisiones estatales, de presupuestos multianuales que garanticen el pleno ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios de atención y protección previstos en sus leyes respectivas..

• Recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por la CEAV, como un mecanismo para que los recursos de asistencia y reparación sean estables.

• Incrementar los recursos destinados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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b) Con respecto al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB):

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• Establecer las normativas y lineamientos que regulen el funcionamiento del SNB, fortalezcan a las Comisiones de Búsqueda y protejan los diferentes registros de personas desaparecidas; ello implica desechar el mal llamado “censo” elaborado por el gobierno de López Obrador y en cambio mejorar y resguardar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas .

• Dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)  y a las comisiones estatales de presupuestos multianuales y progresivos, que les permitan cumplir con los objetivos marcados en el Programa Nacional de Búsqueda.

• Modificar el mecanismo de selección del titular de la CNB, eliminando la facultad presidencial para designarlo, y otorgando a su Consejo Ciudadano la facultad de nominar y votar para definir el nombramiento.

• Rescatar al Centro Nacional de Identificación Humana y al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y definir y atender sus requerimientos de presupuesto, personal y tecnología.

• El SNB debería promover reuniones regionales con la participación de autoridades estatales, municipales y organizaciones ciudadanas para  impulsar programas regionales de búsqueda.

• La CNB y las comisiones estatales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben definir medidas de protección para los  colectivos de búsqueda.

• Diseñar un programa nacional de formación y capacitación continua dirigido a los funcionarios adscritos a las fiscalías especializadas en materia de desaparición.

• Incorporar en la agenda de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el desarrollo institucional de las fiscalías especializadas y el fortalecimiento de sus vinculaciones con las comisiones de búsqueda.

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II. Políticas Públicas​

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1. En cuanto a la militarización en curso:

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• La falta de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) abrió el camino a una militarización acelerada, la cual, a su vez, obstruye la creación del Sistema. En ese sentido, la construcción de capacidades civiles para la seguridad pública requiere de un proceso paralelo de desmilitarización que incluya diseñar y construir una corporación policial federal de carácter plenamente civil.

• Diseñar con las Fuerzas Armadas (FFAA) un plan de repliegue  a las funciones propias de una fuerza armada en democracia. En los casos en que su apoyo en seguridad resulte indispensable, se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que dicha participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

• Llevar a cabo una revisión crítica de las leyes orgánicas de las FFAA para precisar y acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz, incluyendo:

  • Funciones para la seguridad interior.

  • Difundir de manera transparente y accesible información detallada sobre su presupuesto y procesos de desarrollo.

  • Formalización de mecanismos de interacción con la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos mediante consultas públicas, mesas de diálogo y la apertura para recibir denuncias ciudadanas.

• Fortalecer el papel del Congreso para vigilar e incluso investigar las labores de las dependencias involucradas en la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.

• Reorientar el presupuesto de las FFAA hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de defensa nacional y para su modernización.​

 

 

​2. En cuanto al combate al crimen organizado:

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• Con base en labores de inteligencia de las corporaciones civiles y militares, emprender la desarticulación de las organizaciones criminales como objetivos prioritarios, en coordinación con los cuerpos de policía locales, y en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.

• Promover un diálogo nacional a fin de reglamentar el artículo 29 constitucional, y que la declaratoria de estados de excepción para algunas regiones del país pueda ser una opción legal y políticamente viable. Esta reglamentación deberá incorporar, para las Fuerzas Armadas, los criterios ya mencionados en el sentido de que su actuación debe ser en todo momento extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

• Sobre la base de los mecanismos previstos en el SNSP, armonizar los esfuerzos de desarrollo institucional y de operación de policías, fiscalías, sistema judicial y penales de todo el país.

• A partir de reformas legales, otorgar a las policías y fiscalías estatales facultades de investigación y persecución en materia de crimen organizado, de manera que contribuyan al desmantelamiento de organizaciones locales. 

• Fortalecer las capacidades institucionales y la autonomía técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera.

• Fortalecer la infraestructura y la tecnología para la vigilancia en aduanas, puertos y cruces fronterizos. 

• Priorizar el decomiso y destrucción de armas ilegales y sistematizar la revisión de los inventarios de las corporaciones de seguridad.

• Procurar fondos nacionales e internacionales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades en zonas de alto riesgo.

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3. En cuanto al sistema penal:

• Delinear y ejecutar un plan integral para la recuperación del control sobre los penales que reportan autogobierno, incluyendo:

  • Operativos policiales con base en labores de inteligencia, enfocados a desarticular organizaciones criminales.

  • Tecnología para incrementar el control interno, incluyendo equipos para el bloqueo de señales de radiocomunicación.

• Revertir la última reforma a la Ley Nacional de Amnistía, que otorga al presidente la facultad sin límites de otorgar el beneficio y, en cambio, dotar de mayores recursos a la Comisión de Amnistía y aumentar los alcances del mecanismo para beneficio de poblaciones vulnerables. 

• Reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por tratarse de una medida en principio contraria a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y a esquemas eficientes de investigación. Asimismo, definir mecanismos y procedimientos para que, en cada caso, las fiscalías y juzgados de control fundamenten de manera clara y expedita la procedencia de la prisión preventiva.

• Impulsar campañas de salud en los penales que permitan:

  • Prevenir y erradicar enfermedades infecciosas y de transmisión sexual.

  • Rehabilitar y ofrecer tratamientos para personas con problemas de adicciones.

  • Habilitar unidades psiquiátricas.

  • Contemplar mecanismos expeditos para flexibilizar las condenas de personas con enfermedades terminales.

• Aplicar programas enfocados en la reinserción social, incluyendo espacios físicos, equipos técnicos, insumos y herramientas necesarias para habilitar talleres y escuelas penitenciarias, así como acuerdos con instituciones de educación pública y privada.

• Agilizar trámites para que las personas liberadas obtengan rápidamente documentos de identificación oficial, y establecer convenios con la iniciativa privada para otorgarles oportunidades de trabajo.

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4. En cuanto a drogas:

• Impulsar cambios legales concertados entre las autoridades sanitarias, de seguridad y de justicia, para transitar hacia un modelo de regulación sanitaria del mercado de drogas y hacia la despenalización de su consumo, comenzando por la marihuana. Como parte del proceso, se propone:

  • De manera paulatina, reformar la Ley General de Salud para aumentar los umbrales de dosis máximas permitidas para el consumo personal, hasta generar un consenso en favor: 1) de la eliminación del delito de posesión simple; y 2) la redefinición de los delitos de drogas con base a los nuevos umbrales.

  • Impulsar programas de capacitación y protocolos de actuación estandarizados dirigidos al personal policial, ministerial y judicial para  garantizar que ninguna persona en posesión de dosis permitidas sea procesada penalmente.

  • Aplicar los mecanismos de amnistía a fin de asegurar la pronta liberación de personas encarceladas por los delitos de posesión simple y narcomenudeo.

• Impulsar, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, campañas sobre el consumo responsable y programas para el tratamiento integral de la farmacodependencia.

• Desmilitarizar el combate al tráfico de drogas y redirigir los recursos de las Fuerzas Armadas y de las policías a la persecución de otras modalidades de delincuencia organizada más urgentes y predatorias.

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5. En cuanto a migración:

• Conformar un sistema nacional de protección humanitaria para migrantes, que coordine a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Este sistema debe definir protocolos para la detección y atención de poblaciones migrantes vulnerables, y agilizar la toma de decisiones ante repuntes en el número de solicitudes de asilo y de cruces ilegales.

• Crear programas y fondos para el desarrollo de estaciones migratorias y albergues no gubernamentales, garantizando que cuenten con instalaciones dignas, recursos y personal suficientes para ofrecer servicios de ayuda humanitaria y asesoramiento legal para migrantes.

• Invertir en controles fronterizos que contribuyan a facilitar flujos comerciales y desalentar tráficos ilegales de drogas, armas y personas. 

• Revertir la militarización del Instituto Nacional de Migración y emprender su reconstrucción en tanto corporación civil auxiliar de una política migratoria enfocada a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y a la atención de víctimas.

• Ampliar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para incrementar sus recursos de asistencia legal, médica y psicológica, y ampliar su alcance territorial.

• Definir mecanismos de coordinación entre la COMAR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para fortalecer los procesos de recepción, análisis y aprobación de solicitudes de refugio, elaborar campañas de concientización social y estrategias para la captación de recursos provenientes de donativos y fondos internacionales.

• Negociar un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos y los principales países expulsores, que contemple la contención de flujos migratorios ilegales y repatriaciones seguras y ordenadas, siempre con respeto a los derechos humanos. 

 

6. En cuanto a prevención y pacificación:

• Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana mediante diferentes modalidades, incluyendo mesas de trabajo vecinales y vías digitales.

• Diseñar e implementar una estrategia integral y a largo plazo en favor del desarrollo de los municipios más afectados por la violencia, incluyendo  programas de inversión en servicios públicos, recuperación de espacios, e incentivos fiscales y apoyos a emprendedores locales.  

• Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos caracterizados por la violación sistemática de derechos humanos.

• Promover, en acompañamiento con la sociedad civil, programas y medidas para enfrentar las violencias en contra de las mujeres, incluyendo unidades especializadas en protocolos de género para la investigación y judicialización de casos de mujeres víctimas.

• Establecer, en colaboración con los gobiernos locales, programas de desarme que ofrezcan incentivos a la población, como la no ejecución de medidas penales, recompensas económicas, y acceso a distintos programas de apoyo.

• Elaborar convenios de colaboración y financiamiento con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de víctimas directas e indirectas, particularmente aquellas que prestan servicios de albergue temporal, asesoría legal, atención médica y psicológica.

• Construir vínculos de colaboración entre gobiernos municipales e instituciones de culto para impulsar programas de apoyo emocional y orientación legal para víctimas de violencia.

• Desarrollar programas de educación y salud pública que atiendan las secuelas médicas y psicológicas relacionadas con la constante exposición a hechos de violencia extrema.

• Impulsar campañas masivas y permanentes enfocadas en promover la legalidad, los derechos humanos y la igualdad de género .